Extinción de las Personas Jurídicas

A diferencia de lo que ocurre con las personas físicas que tienen como causa natural de extinción la muerte, las personas jurídicas solo se extinguen por causas legales o jurídicas.

El artículo 39 CC establece, con carácter general y supletorio, como causas de extinción de las personas jurídicas, las siguientes:

 1º el cumplimiento del término o plazo para el cual fueron constituidas,

la consecución u obtención del fin, o desarrollo de la actividad que justificó su creación

la imposibilidad, material o jurídica, de poder aplicar los medios de que dispone a ese fin o actividad.

Pero este artículo es incompleto, porque existen otras muchas causas de extinción que son ya particulares de cada clase o modalidad de persona jurídica: La sociedad civil por las causas contempladas en los artículos 1.666,2 y 1.700 y ss. CC; las sociedades colectiva y comanditaria por las recogidas en los artículos 221 a 223 del Código de Comercio; las sociedades de responsabilidad limitada por las contempladas en el artículo 104 y ss. de la Ley de 23 de marzo de 1995; y las sociedades anónimas por las estipuladas en los artículos 260 y 261 del Texto Refundido de 1989.

Un problema que se plantea con la extinción de toda persona jurídica es el relativo al destino que debe concedérsele a los bienes que forman parte de su patrimonio. Es el artículo 39 CC el encargado de señalar los criterios que habrán de seguirse cuando esto ocurra y según él: “…se dará a sus bienes la aplicación que las leyes, los estatutos o las reglas de su fundación les hubiesen en esta previsión asignado. Y si nada hubieren establecido previamente se aplicarán esos bienes a la realización de fines análogos en interés de la región, provincia o municipio que principalmente debieran de recoger los beneficios de las instituciones extinguidas”.

Ésta es una norma que no tiene alcance general, al no ser predicable respecto de toda clase de personas jurídicas, como ocurre, por ejemplo, con las sociedades civiles y mercantiles, cuyos bienes se reparten entre sus socios conforme la respectiva titularidad que ostenten de acciones o participaciones sociales.

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