La Fundación como persona jurídica

La fundación es una persona jurídica privada que surge cuando una (el fundador) o varias personas pone una serie de bienes al servicio permanente de la obtención de un fin de interés general. En concreto, conforme el artículo 1 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, “son fundaciones, las organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general”.

De ello se derivan las siguientes notas:

a) Dotación de un patrimonio para su constitución. Sin aportación de patrimonio no hay fundación. Dentro del patrimonio es necesario distinguir entre los bienes que fueron aportados en la dotación inicial o están directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, para cuya disposición se requerirá autorización del Protectorado, y el resto de bienes (por ejemplo, los adquiridos posteriormente por la fundación, que se considerarán “ingresos”) en el que se solicitará la autorización sólo en ciertos supuestos.

b) Pretensión de alcanzar un fin de interés general, si bien, no exclusivamente benéfico (art. 3.2). La necesidad de que el fin sea personal viene impuesta por el artículo 34 de la Constitución. Esto evita que puedan crearse fundaciones con el ánimo de satisfacer un interés particular. Que el interés sea general no significa que deba afectar a todos sino, más al contrario, resultará suficiente con que interese a un número indeterminado de sujetos, aunque reducido. Lo importante es la generalidad del interés.

c) Una organización que se encargará de conseguir el fin que movió al fundador a la creación de este ente jurídico.

Destaca en la fundación, que se crea a partir de un patrimonio que queda vinculado a la consecución u obtención de un determinado fin.

El concepto de fundación tiene su origen en el Derecho Canónico.

La Asociación. Organización y funcionamiento

La organización de la asociación depende de sus estatutos siempre que no estén en contradicción con la Ley. El único límite importante es el señalado en el artículo 2.4 donde se establece que “la organización interna y funcionamiento de las asociaciones deben ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo”.

En orden a guardar ese principio democrático parece derivarse la necesidad de que exista una Asamblea General, que es el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado por los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año.

Por el contrario, no parece imprescindible la presencia de un órgano de representación (antes conocido como “Junta Directiva”), que dirija la asociación.

Toda asociación se rige en sus actos, además de por las normas contenidas en los Estatutos, por los acuerdos sociales válidamente adoptados que son la expresión de órganos como el Órgano Representativo o la Asamblea General.

La Asociación. Requisitos de constitución

Para la válida constitución de una asociación será necesario el concurso de tres requisitos:

1º La redacción de un “acta”. Según el artículo 6, el acta fundacional ha de contener: el nombre y apellidos de los promotores de la asociación si son personas físicas; la voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su caso, hubiesen establecido y la denominación de ésta; los Estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación; el lugar y fecha de otorgamiento del acta; y la designación de los integrantes de los órganos provisionales de gobierno.

El acta fundacional deberá estar acompañado, en el caso de personas jurídicas, de una certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente, en el que aparezca la voluntad de constituir la asociación y formar parte de ella y la designación de la persona física que la representará; y, en el caso de las personas físicas, la acreditación de su identidad. Cuando los otorgantes del acta actúen a través de representante, se acompañará a la misma la acreditación de su identidad.

2º Los estatutos (art. 7), que son el conjunto de normas por el que se va a regir la asociación a lo largo de su existencia una vez que esté válidamente constituida. En ellos se ha de hacer constar la denominación, el domicilio, la duración (cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido), los fines y actividades de la asociación, los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los asociados, los derechos y obligaciones de los asociados, los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación, los órganos de gobierno y representación, el régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de cierre del ejercicio asociativo, el patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso, y las causas de disolución y destino del patrimonio.

La denominación de la asociación no podrá incluir término o expresión que induzca a error o confusión sobre su propia identidad, o sobre la clase o naturaleza de la misma (art. 8) y, por lo que respecta al domicilio de las personas jurídicas, el artículo 9 explicita que las asociaciones que se constituyan con arreglo a la presente Ley tendrán su domicilio en España, en el lugar que establezcan sus Estatutos.

3º Su inscripción en un registro público. El artículo 10 establece que las asociaciones deberán inscribirse en el correspondiente Registro de asociaciones, a los solos efectos de publicidad.

La Asociación como persona jurídica

La asociación es una agrupación de personas que, dotada de una organización, persigue la consecución de un determinado fin común.

Toda asociación debe reunir los siguientes elementos:

a) Una pluralidad de miembros, ya que la ley de asociaciones habla de “tres o más personas” (art. 5).

b) Una organización. Si no fuera así estaríamos ante una mera unión o reunión de personas. Una asociación está organizada cuando tiene órganos rectores que son los que hacen posible la consecución del fin. De igual forma, la organización se advierte desde el momento que es necesaria la existencia de unas reglas que se refieran a su funcionamiento o estatutos, y a su estructura.

c) La existencia de un fin común que ha de ser lícito y determinado.

d) El reconocimiento por parte de la ley, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos.

El régimen jurídico de las asociaciones está constituido, fundamentalmente, por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo, que desarrolla el artículo 22 CE de Asociación.

Junto a esta ley existen otras disposiciones como: la Ley de 14 de junio de 1.976, reguladora del derecho de asociación sindical; Ley 54/1.978, de 4 de diciembre, de partidos políticos; a la Ley Orgánica 11/1.985, de 2 de agosto, de libertad sindical.

Por su parte, el artículo 22 CE, sanciona el derecho de asociación como un derecho fundamental.

Esta nueva ley, limita su ámbito a las asociaciones sin animo de lucro, lo que permite dejar fuera del ámbito de aplicación de la misma a las sociedades civiles, mercantiles, industriales y laborales, a las cooperativas y mutualidades, y a las comunidades de bienes o de propietarios, cuyas finalidades y naturaleza no responden a la esencia comúnmente aceptada de las asociaciones, sin perjuicio de reconocer que el artículo 22 de la Constitución puede proyectar, tangencialmente, su ámbito protector cuando en este tipo de entidades se contemplen derechos que no tengan carácter patrimonial.

En este sentido, en el artículo 1.3 se establece que se regirán por su legislación específica los partidos políticos; los sindicatos y las organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades religiosas; las federaciones deportivas; las asociaciones de consumidores y usuarios; así como cualesquiera otras reguladas por leyes especiales.

Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación (art. 5.1).

El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los Estatutos, habrá de formalizarse mediante acta fundacional, en documento público o privado.

Con el otorgamiento del acta adquirirá la asociación su personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción.

Extinción de las Personas Jurídicas

A diferencia de lo que ocurre con las personas físicas que tienen como causa natural de extinción la muerte, las personas jurídicas solo se extinguen por causas legales o jurídicas.

El artículo 39 CC establece, con carácter general y supletorio, como causas de extinción de las personas jurídicas, las siguientes:

 1º el cumplimiento del término o plazo para el cual fueron constituidas,

la consecución u obtención del fin, o desarrollo de la actividad que justificó su creación

la imposibilidad, material o jurídica, de poder aplicar los medios de que dispone a ese fin o actividad.

Pero este artículo es incompleto, porque existen otras muchas causas de extinción que son ya particulares de cada clase o modalidad de persona jurídica: La sociedad civil por las causas contempladas en los artículos 1.666,2 y 1.700 y ss. CC; las sociedades colectiva y comanditaria por las recogidas en los artículos 221 a 223 del Código de Comercio; las sociedades de responsabilidad limitada por las contempladas en el artículo 104 y ss. de la Ley de 23 de marzo de 1995; y las sociedades anónimas por las estipuladas en los artículos 260 y 261 del Texto Refundido de 1989.

Un problema que se plantea con la extinción de toda persona jurídica es el relativo al destino que debe concedérsele a los bienes que forman parte de su patrimonio. Es el artículo 39 CC el encargado de señalar los criterios que habrán de seguirse cuando esto ocurra y según él: “…se dará a sus bienes la aplicación que las leyes, los estatutos o las reglas de su fundación les hubiesen en esta previsión asignado. Y si nada hubieren establecido previamente se aplicarán esos bienes a la realización de fines análogos en interés de la región, provincia o municipio que principalmente debieran de recoger los beneficios de las instituciones extinguidas”.

Ésta es una norma que no tiene alcance general, al no ser predicable respecto de toda clase de personas jurídicas, como ocurre, por ejemplo, con las sociedades civiles y mercantiles, cuyos bienes se reparten entre sus socios conforme la respectiva titularidad que ostenten de acciones o participaciones sociales.

La capacidad de las personas jurídicas

El Código Civil reconoce capacidad plena en el ámbito civil a las personas jurídicas desde el momento que el art. 38.1 del mismo cuerpo legal dice que:

“pueden adquirir y poseer toda clase de bienes, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución.”

El objeto para el que nace una persona jurídica no constituye un límite a su capacidad. El que haya personas jurídicas que nacen con un solo objetivo (beneficencia) no significa que vean limitada su capacidad fuera de ese objeto. Si la persona jurídica celebra un negocio jurídico fuera de su objeto, este será válido jurídicamente, aunque después de lugar a la reacción en contra de la autoridad administrativa. Con esto se protege al tercero que contrata, ya que este no tiene porqué saber cuál es el objeto de la persona jurídica.

La capacidad (tanto jurídica como de obrar) plena de la persona jurídica, no es derogable por la voluntad de los particulares: por ejemplo, por los fundadores de una asociación o de una sociedad anónima en sus estatutos, por ser cuestión que afecta al orden público: “no está en manos de los particulares fijar el ámbito o sector de la capacidad de las personas”.

Una sociedad podrá recortar en sus estatutos las posibilidades concretas de actuar de sus gestores o administradores pero no la capacidad de obrar de la persona misma, puesto que los socios, con la mayoría social, pueden levantar las prohibiciones impuestas.

Al tener capacidad jurídica, la persona jurídica es responsable con su patrimonio (no con el de sus socios) de sus actuaciones incorrectas, y de las de sus dependientes.

Veamos a continuación, algunas manifestaciones de esta capacidad, tanto desde un punto de vista personal como patrimonial:

A) Desde el punto de vista personal

Desde el punto de vista personal, esta capacidad de las personas jurídicas se manifiesta en la tenencia de:

1. Un nombre: la persona jurídica tiene siempre, al igual que las personas físicas, un nombre por medio del cual se identifica en el tráfico jurídico (razón o denominación social, en las sociedades mercantiles).

2. Un domicilio: el art. 41 CC, establece tres reglas para su determinación:

a) lo que establezcan las normas legales que las hayan reconocido (corporaciones), o estatutarias (asociaciones), o fundacionales (fundación).

Sin embargo, la elección del lugar del domicilio no es del todo libre porque, tratándose de una sociedad anónima, el artículo 5 de su Ley especial de 22 de diciembre de 1989, obliga a que lo sea en el lugar donde se halle su efectiva administración y dirección, o donde radique su principal establecimiento o explotación,

b) En defecto de la norma anterior, el domicilio lo tendrá donde la representación legal tenga establecida su sede, y por último,

c) lo será, donde la persona jurídica ejerza sus principales funciones.

Existen reglas especiales: art. 65 LEC (domicilio legal de los comerciantes:

donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales), y art. 66 LEC (igual para las compañías mercantiles).

3. Una nacionalidad y una vecindad civil. El Código Civil (arts. 9.11 y 28), otorga la nacionalidad española a las personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español. Por el contrario, una parte minoritaria de la doctrina, siendo más respetuosa con el texto del artículo 28 CC, exige que, además de estar domiciliada en España, debe estar constituida conforme al ordenamiento español. Más cercana a la realidad parece esta segunda corriente de pensamiento que la primera, ya que no tendría mucho sentido que se calificara de española a una persona jurídica por el sólo hecho de estar domiciliada en España si las reglas que se aplicaron a su constitución no son compatibles con las de nuestro ordenamiento jurídico.

4. Derechos honoríficos.

5. Puede ejercer las funciones de acogimiento, la guarda de menores o la tutela (arts. 172, 239 y 242 CC).

B) Desde el punto de vista patrimonial

Desde un punto de vista patrimonial, su capacidad de obrar se manifiesta en que:

1. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles y criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución (art. 38 CC).

2. Pueden asumir responsabilidad extracontractual, art. 1902 CC.

3. Pueden adquirir toda clase de bienes por donación y por testamento (arts. 993 y 994 CC).

4. Incluso se las puede declarar incapaces para poder suceder (art. 745.2 CC).

5. No pueden otorgar testamento.

Clases de Personas Jurídicas

Según el artículo 35 CC, “Son personas jurídicas: 1º las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. 2º Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados”.

En este orden de ideas, se pueden aplicar dos criterios de distinción:

A) El tenor literal del artículo 35

Según el cuál puede hablarse de: Corporaciones, asociaciones y fundaciones.

• La corporación es una unión o asociación de personas para la consecución de fines comunes creada por la ley (por ejemplo, un municipio o los colegios profesionales)

• La asociación es una unión de personas para la consecución de fines comunes creada por la voluntad de los miembros integrantes de la misma.

• La fundación se distingue de las dos anteriores en que no representa una unión de personas, sino la personificación de unos bienes que quedan adscritos por voluntad del fundador al cumplimiento de un modo duradero de un fin de interés público.

B) Atendiendo al interés que movió su creación

Se distingue entre: personas jurídicas de interés público y personas jurídicas de interés privado.

• Una persona jurídica es de interés particular cuando entre sus fines figura la obtención de un lucro o ganancia partible entre los asociados, pues el lucro es característica de la definición legal de la sociedad civil o mercantil.

• Una persona es de interés público cuando no se propone como finalidad propia y exclusiva esta ganancia o lucro partible, ni siquiera la mera ganancia. El interés público es el que promueve de alguna manera el bien general.